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Una nueva entrada en mi blog para volver a constatar que no era coyuntural, que en medio de una gran confusión y no menos miedo estamos asistiendo al desmantelamiento del Sistema de Bienestar Social. Sus cuatro pilares básicos, educación, salud, pensiones y servicios sociales (particularmente los servicios sociales comunitarios y la atención a las personas en situación de dependencia), son objeto de recortes presupuestarios y de cambios normativos que desregularizan estos sistemas públicos y les hace perder su carácter universal y de derecho. El Gobierno del partido popular en pocos meses de gobierno está decidido a redefinir las políticas de bienestar hacía un modelo dual en que las personas que pueden capitalizaran sus prestaciones o de no ser así deberán acogerse a las ayudas para aquellos que nada tienen, que siempre serán graciables y condicionado a la disponibilidad presupuestaria, lo que en esto momentos de crisis significa que muchas personas quedarán abandonadas a su suerte. Los recortes aprobados en el consejo de ministros del pasado viernes,
(cuyo real decreto aconsejo leer con detenimiento), suponen un hachazo a las politicas públicas. Las medidas pretenden recaudar por la subida del IVA 22.100 millones hasta el 2014. La atgención a la dependencia va a perder 3.000 millones en los próximos 3 ejercicios. Los funcionarios van a perder 9.220 millones de euros de sus ingresos y las prestaciones a los desempleados se recortarán 13.760 millones. El gobierno de Rajoy es consciente de la gravedad de las medidas que no se atreve a detallar y que tuvimos que enterarnos de su magnitud por una nota en ingles dirigida a los inversores extranjeros (nos da la impresión de que están sirviendo nuestros derechos en bandeja a los mercados). En esta nota si entran en detalles y nos enteramos que las medidas aprobadas el viernes suponen un ajuste de 56.440 millones de euros. 2013 será el año más duro ya que de las nota en inglés deducimos que quedan aún más recortes por aprobar. Rajoy declaró el miércoles que el total del ajuste hasta 2014 será de 65.000 millones. Ante esta situación las personas más vulnerables se verán abocadas al abismo. El recorte en el plan concertado de servicios sociales supera el 40% y
la Ley de Dependencía está siendo desmontada, recorte trás recorté y modificación trás modificación de su regulación (más información aquí). Las Comunidades Autónomas no van a poder compensar este déficit de financiación que según la ley es al 50% entre CCAA y Administración General del Estado. Ni por supuesto podrán ir contra la normativa básica que impongan decreto trás decreto. La situación es grave pero no podemos resignarnos tendremos que hacer un frente común para evitar que nuestro sistema de bienestar quede definitivamente desmantelado.
