domingo, 29 de diciembre de 2013

NO ES LO MISMO EN POLÍTICA SOCIAL . 100 Días de Gobierno

 
 

Hace unos días se cumplieron cien días del nuevo Gobierno Andaluz presidido por Susana Díaz. En la gestión de estos días, solo en materia de derechos sociales, ha quedado claro que hay formas diferentes de hacer política. La política neoliberal del Gobierno de Rajoy, que con la excusa de la austeridad está recortando derechos básicos de ciudadanía y la del gobierno andaluz que está esforzándose por mantener los servicios públicos básicos, la sanidad, la educación, los servicios sociales y la atención a la dependencia. Todo ello luchando contra una política "austericida" del PP que está dejando a la comunidad autónoma prácticamente en solitario en la financiación de dichos servicios. 1.220 millones de euros menos en los presupuestos generales del estado para Andalucía que han dificultado de manera importante los presupuestos andaluces y que han puesto en evidencia como nuestra prioridad es la creación de empleo y el mantenimiento de los derechos sociales.
Estas prioridades  y diferencias en la  forma de gobernar puede apreciarse en todas las áreas de gobierno. Solo en Políticas Sociales podemos apreciarlo en decisiones como las adoptadas el pasado 27 de Diciembre, en el último Consejo de Gobierno del año 2013, en el que se acordó el complemento de las Pensiones más bajas del sistema, las No Contributivas y Asistenciales para el 2014 beneficiando a 107.000 pensionistas andaluces. Estas prestaciones, que aumentan un 2% en ambos casos respecto al ejercicio anterior, supondrán un presupuesto de 19,89 millones de euros para el 2014. Estas ayudas extraordinarias se enmarcan en la prioridad que el Gobierno andaluz, presidido por Susana Díaz, concede a las políticas sociales y a la protección de los colectivos más vulnerables que están especialmente afectados en el actual contexto de crisis y de ataques al Estado del Bienestar.   Esta medida es especialmente necesaria en 2014 por la limitación al 0,25% del porcentaje de subida de las pensiones de la Seguridad Social acordada por el gobierno del PP, así como por la congelación de las cuantías de las prestaciones derivadas del Fondo de Asistencia Social y Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos, que permanecen invariables desde 1991.                                                                
A esta medida se unen las 150.000 personas atendidas gracias al Decreto de lucha contra la exclusión social que se aprobó para crear una red para "mermar las desigualdades que todos sabemos son fuente de exclusión social y de pobreza". Decreto que incluye medidas como el programa de Ayuda a la Contratación que ha permitido fomentar la contratación como principal elemento de integración e inserción social. Así, el decreto ha contemplado, dentro del Plan Extraordinario de Acción Social, el Programa de Ayuda a la Contratación, que incluye las ayudas a los municipios para la contratación laboral; 768 de los 771 municipios que hay en Andalucía  solicitaron adherirse a las ayudas contempladas en el programa, dotado con 40 millones de euros. En este momento, está totalmente abonado a los ayuntamientos, que tenían como límite establecido en el propio decreto para formalizar los contratos el 4 de noviembre pasado. La estimación del número de contratos realizados superará los 26.000 y vendrá a aliviar la grave situación por la que atraviesan muchas familias.
Otro de los apoyos a la contratación es el Programa de Consolidación del Servicio de Ayuda a Domicilio, también incluido en el Plan de Acción Social y dotado con 20 millones, ha permitido, a través de ayudas a las entidades locales (82 municipios y las ocho diputaciones provinciales). Estas ayudas han permitido mantener el empleo a unas 2.200 personas y prestar servicio a más de 13.500 usuarios.
Relevante ha sido igualmente “El Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaría que trata de poner al alcance de las familias en situación más difícil de los mecanismos para poder hacer frente a la necesidad básica de alimentación”. Dotado con 16 millones de euros, que se suman a los cuatro que ya se están dotando en las convocatorias generales de subvenciones para hacer frente a estas necesidades, ha funcionado a modo de red con el objetivo de aglutinar todos los esfuerzos, tanto los que se hacen por parte de la Junta de Andalucía como de los colectivos, organizaciones y ONG que trabajan en este ámbito y a los que se les ha reforzado su labor. Gracias a él se han reforzado con diferentes líneas de subvenciones a los agentes que actualmente están trabajando en este ámbito (comedores, economatos sociales, provisión directa de alimentos) con las que se llegan a las personas con riesgo de exclusión social, con problemas graves y a las Zonas de Necesidad de Transformación social. Dentro de esta población con escasos recursos “hay dos colectivos de mayor incidencia por la sensibilidad especial que hay que tener con ellos, dos colectivos en los que se está incrementando más la pobreza y que tienen una mayor vulnerabilidad: los niños y niñas y las personas mayores”.
Para los menores hay varias líneas de ayudas específicas que suman 7 millones de euros. La primera de ellas es la ampliación de las Ayudas Económicas a las familias, dotadas de 4 millones de euros. Estas ayudas se articulan a través de convenios con las entidades locales, con los que se ha firmado 90 acuerdos. Estas ayudas son prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello, dirigidas a la prevención, reducción o supresión de factores que generan situaciones de dificultad social para los menores con el fin de evitar su institucionalización y posibilitar su integración en el entorno familiar y social. La ampliación de estas ayudas está permitiendo atender a 22.500 familias más.
La segunda es el reparto de tres comidas diarias en los comedores escolares, que garantiza la ingesta calórica a los menores en situación de riesgo de exclusión social. A día de hoy son 16.749 los menores que se benefician de estas tres comidas en 1.003 centros escolares. Ha contado con un presupuesto de 2 millones de euros y para determinar las personas a las que se garantiza esta prestación es necesario un informe de los servicios sociales comunitarios correspondientes al ámbito territorial del centro escolar.
En las Zonas con Necesidades de Transformación Social y en periodo estival se atendieron a más de 4.000 menores en 55 escuelas de verano, gracias a un presupuesto de 1,6 millones de euros.
Para otro de los colectivos más dañados por la crisis, los mayores, se ha reforzado el Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Participación Activa donde se han ofrecido, hasta el momento, más de 119.208 comidas bonificadas al 50%.
Además hay una línea de catering a domicilio para las personas mayores de 65 años con bajos recursos que no puedan acceder al servicio de comedor. Para este programa hay una dotación presupuestaria de medio millón. Ya se han aprobado 47 proyectos a través de los municipios andaluces que lo han solicitado a través de la orden de subvenciones y otros 14 proyectos de entidades privadas.
El Ingreso Mínimo de Solidaridad (conocido como salario social), era una de las prioridades contempladas por el decreto, con una serie de medidas para dotar de mayor agilidad administrativa al procedimiento para la concesión del Ingreso Mínimo de Solidaridad hasta que se apruebe la normativa reguladora de la Renta Básica y que se ha ampliado presupuestariamente. Para este programa del Ingreso Mínimo de Solidaridad se han concedido en 2013 55.577 salarios sociales, y se han destinado más de 99 millones de euros, 70 presupuestados en 2013 y una ampliación de cerca de 30 millones. Durante 2012,  se concedieron más de 32.000 y se destinaron 68,3 millones. El salario social ha sido igualmente una prioridad de la Presidenta de la Junta, ya que en los tres meses de su gestión se han resuelto prácticamente la mitad de los expedientes y se ha reforzado con 30 millones de euros la partida correspondiente.  Igualmente la difícil situación económica que la ciudadanía continúa padeciendo en 2014 hace necesario que el Gobierno andaluz prorrogue las medidas recogidas en el Decreto con el objetivo de atender las necesidades de la población más vulnerable y continuar luchando contra el riesgo de exclusión social.
En materia de Servicios Sociales mantenemos nuestros convenios con ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones para el mantenimiento de los servicios sociales comunitarios y los principales programas en materia de Zonas de Transformación Social, drogas, discapacidad, mayores y otros colectivos vulnerables, no sin grandes dificultades debido a los recortes de presupuestos.

Un tema que precisa un análisis más detallado es la atención a las personas en situación de dependencia, presupuestarios por parte del gobierno de España, 314 millones de euros menos desde que gobierna el PP. Lo que establece la Ley de Dependencia es que la financiación debe realizarse al 50% entre las Comunidades Autónomas y la Administración  General del Estado, eso ha sido así hasta llegar al gobierno el PP, en estos momentos la Junta de Andalucía financia el 72% y el gobierno de España el 28%. A eso hay que unirle la paralización, por Decreto, de la aplicación de la Ley, aplazando al 2015 la atención a las personas con dependencia grado 1 o moderado, o la baja en la Seguridad Social de todas las personas cuidadoras en el entorno familiar, o la reducción de la intensidad de las prestaciones, tanto en las cuantías de las prestaciones como en el número de horas de atención en la ayuda a domicilio. Un recorte por tanto en los presupuestos como en las prestaciones. Ante esta realidad desde la Junta de Andalucía hemos ido compensando los déficit, no obstante la situación es difícil y esta exigiendo un gran esfuerzo económico por parte de la CCAA. En Andalucía, a 30 de noviembre de 2013 (últimos datos disponibles) existen 230.500 prestaciones concedidas y 169.048 personas beneficiarias. En el conjunto de España hay 754.244 personas beneficiarias. En relación con el número de personas beneficiarias, Andalucía tiene el 22% del total, siendo la primera comunidad autónoma en desarrollo de la ley de la dependencia. En cuanto a prestaciones, sufragamos el 24% . Andalucía sigue, por tanto, sosteniendo una gran parte de la Ley de Dependencia con un notable esfuerzo a finales de este año por parte de la Junta para intensificar las valoraciones y priorizar los casos más urgentes.

Una de las prestaciones que tienen que ver con la autonomía personal es el servicio de teleasistencia que estamos financiando en solitario desde Andalucía y que consideramos un servicio de proximidad que permite mantener a las personas mayores o con discapacidad en su domicilio evitando la institucionalización, atenderemos a 8.000 personas más en el próximo cuatrimestre, hasta alcanzar las 186.000 usuarias de esta prestación. Las nuevas personas beneficiarias, que se incorporarán a partir de la primera semana de diciembre, a un ritmo de 2.000 al mes, se sumarán a las 17.700 que se han dado de alta a lo largo de 2013. El reforzamiento del SAT pone de manifiesto el compromiso de la Junta de Andalucía con la atención a los colectivos más vulnerables y a las personas en situación de dependencia, frente a la progresiva retirada del Gobierno central. Hay que recordar que, como consecuencia de la política estatal de recortes en las prestaciones sociales, a finales de 2012 no se renovó el convenio entre el Imserso y la Federación Española de Municipios y Provincias para la prestación de la teleasistencia a través de los ayuntamientos. Esta decisión dejó sin el servicio de teleasistencia a más de 28.000 andaluces.
La creación de empleo, el mantenimiento de los derechos sociales, y siempre las personas como el eje de la acción del gobierno andaluz.
 
 
 

 




 

martes, 3 de diciembre de 2013

LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN RIESGO

             Hoy 3 de diciembre día Internacional de las Personas con Discapacidad hay que poner de manifiesto que el retroceso en derechos del colectivo es muy preocupante, la crisis se ha convertido en la excusa perfecta para qué el gobierno del PP haya introducido modificaciones normativas, o sin más los recortes presupuestarios a las comunidades autónomas, competentes en esta materia, están poniendo en riesgo los derechos conquistados con esfuerzo, sacrificio y lucha de las personas con discapacidad.     Contestación Activa SOS DISCAPACIDAD – del CERMI (puedes pinchar aquí para leerlo) deja bien  claro que “La crisis económica y social no puede servir de coartada o pretexto para reducir los derechos sociales o la intensidad de apoyos y recursos que deben recibir las mujeres y hombres con discapacidad para asegurar su proceso de inclusión en la comunidad y un nivel de vida digno."  Y  que “Los recortes genéricos operados en ámbitos como el empleo, la sanidad, la autonomía personal y la atención a la dependencia, o la educación, por citar solo las áreas más relevantes desde el punto de vista de la inclusión, han repercutido gravemente sobre los recursos y los dispositivos de apoyo a la discapacidad, situándolo en una posición de enorme precariedad, con dudas sobre su   continuidad. Además, como factor añadido negativo, se han paralizado las iniciativas nuevas, quedando la agenda política de la discapacidad inactiva, sin avances, todo justificado por la crisis. En Andalucía estamos trabajando fundamentalmente en reforzar la Atención Temprana, el  Plan para la Autonomía Personal, el refuerzo de las políticas de empleo y atención a la dependencia. Son 507.335 andaluces y andaluzas los que tienen reconocida su discapacidad. Y tenemos a más de18.800 menores se han beneficiado en el último año de los servicios de atención temprana. Este trabajo sería imposible sin contar con el movimiento asociativo y el tercer sector. Nada para el sector de la discapacidad sin contar con las personas con discapacidad. 

Hoy la presidenta de la Junta de Andalucia ha entregado los Premios a las Buenas Prácticas en la Atención a las Personas con Discapacidad y subraya el “compromiso” con el colectivo y ha dejado claro que la Ley de Dependencia es sostenible y necesaria porque garantiza la dignidad de las personas y crea empleo ( más información pinchando aquí)