El 28 de Febrero celebramos el Día de Andalucía (pinchar aquí para más información)Con este motivo escribí un artículo que me han publicado en el Diario IDEAL de Granada el día 25/2/2011:
Autonomía sin máscaras
Hace treinta y un años que Andalucía iniciaba su propio rumbo por la incipiente democracia que trajo consigo el Estado autonómico y lo hizo con el valor y la determinación de las andaluzas y andaluces que combatieron el movimiento reaccionario que nos negaba el derecho a decidir nuestro futuro.
El 28 de Febrero de 1980 conquistamos nuestro autogobierno, dejamos claro qué destino queríamos, pero, en estas tres décadas, Andalucía no ha podido bajar la guardia ante amagos, unas veces, y ataques directos, otras, a nuestra soberanía y nuestra dignidad como pueblo.
Que la autonomía andaluza ha contribuido a consolidar la democracia en este país y ha significado una etapa inédita de progreso es algo tan naturalmente aceptado que no deja de ser sorprendente, y muy preocupante, escuchar todavía hoy posicionamientos tan anticonstitucionales que llevan a dirigentes del PP a decir cosas como que “España no da para 17 instituciones”. En un claro intento de confundir la situación de crisis y la necesaria austeridad en la gestión con el autogobierno de las comunidades autónomas.
Esos nostálgicos del “Una, Grande” pero no libre que todavía nos inquietan y nos indignan deberían saber que la descentralización y los autogobiernos territoriales forman parte del éxito de países tan dinámicos y solventes como Estados Unidos y Alemania. Pero por encima de todo, deberían aceptar y respetar la voluntad del pueblo español recogida en su Constitución. Las autonomías forman parte del Estado. Están consagradas en la Constitución. Quien quiera volver al pasado, que se quite la máscara.
Han sido muchas las ocasiones en la que el Gobierno andaluz ha tenido que salir al frente de intentos de injerencia en nuestra autonomía. Durante los ocho años en los que el Partido Popular gobernó este país, la Junta de Andalucía tuvo que contrarrestar, por ejemplo, los intentos de injerencia en la gestión de la Alhambra, con el que llamaban consejo asesor, o en el Parque Nacional de Sierra Nevada. En ambos casos, se cuestionaba la capacidad de los andaluces para gestionar nuestros propios recursos y defender nuestros intereses.
No obstante, después de treinta y un años hemos hecho juntos un recorrido importante. Andalucía, junto con las otras 16 autonomías españolas, ha consolidado la democracia y ha marcado un rumbo difícil de torcer. Ahora tenemos nuevos retos por delante.
El año pasado, Andalucía marcó un antes y un después en el nuevo modelo de administración local y se convirtió en la primera Comunidad autónoma en legislar sobre esta materia, abriendo así la puerta al municipalismo del siglo XXI.
En 2010 se aprobaron en el Parlamento andaluz dos leyes sin precedentes: la Ley de Autonomía Local de Andalucía y de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma. Dos leyes pioneras en España que suponen más autonomía y más financiación para unos ayuntamientos más responsables, transparentes y autónomos.
La nueva legislación supone el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Andalucía y da respuesta a las demandas históricas de los ayuntamientos. Éstos van a conseguir aquello que siempre han demandado, que es más autonomía local, menos tutela de las administraciones, más financiación incondicionada, más capacidad de organización y más corresponsabilidad.
Son avances que abren nuevas puertas, avances en las que el Gobierno andaluz vuelve a demostrar que no tiene miedo a la descentralización, a que los ayuntamientos tengan la posibilidad de ejercer el papel que les corresponde por derecho propio como administración más cercana a la ciudadanía.
Cumplimos treinta y un años de autonomía en un contexto internacional muy difícil, con una crisis económica que está golpeando duro a familias, empresas y gobiernos y en un año, 2011, que será crucial para salir de la crisis y que también estará marcado por la convocatoria de elecciones municipales.
Por tanto, la Junta de Andalucía se ha marcado un objetivo estratégico: no perder un solo instante en polémicas ni confrontaciones artificiales y cumplir los compromisos que tenemos con la ciudadanía gestionando lo público desde la transparencia y la vocación de servicio.
Me gusta decir que los presupuestos son la mejor forma de hablar que tiene un gobierno, y las cuentas de la Junta de Andalucía para 2011 dejan muy claro cuáles son las prioridades en estos momentos difíciles que estamos atravesando: combatir el desempleo, mantener las políticas sociales, introducir cambios en el modelo productivo para reforzar las bases del crecimiento y continuar con el apoyo financiero a los ayuntamientos.
Y aunque los ayuntamientos son, como es lógico, las administraciones más cercanas a la ciudadanía; los granadinos deben saber que la Junta de Andalucía está detrás, y delante, de los principales proyectos y de todos los servicios públicos fundamentales.
Por todo ello, el equipo de delegadas y delegados seguiremos trabajando para impulsar las infraestructuras y los proyectos que están en marcha y que están transformado esta provincia; porque confiamos en las fortalezas de Granada: la agricultura, el turismo, la I+D+i, tan magníficamente representado en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud; la cultura, Sierra Nevada, el Milenio y, en definitiva, en todas las posibilidades que tiene esta provincia. Porque el crecimiento y el desarrollo de Granada es consustancial al de Andalucía y la Comunidad autónoma andaluza avanza con Granada.
María José Sánchez Rubio
Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada
Hace treinta y un años que Andalucía iniciaba su propio rumbo por la incipiente democracia que trajo consigo el Estado autonómico y lo hizo con el valor y la determinación de las andaluzas y andaluces que combatieron el movimiento reaccionario que nos negaba el derecho a decidir nuestro futuro.
El 28 de Febrero de 1980 conquistamos nuestro autogobierno, dejamos claro qué destino queríamos, pero, en estas tres décadas, Andalucía no ha podido bajar la guardia ante amagos, unas veces, y ataques directos, otras, a nuestra soberanía y nuestra dignidad como pueblo.
Que la autonomía andaluza ha contribuido a consolidar la democracia en este país y ha significado una etapa inédita de progreso es algo tan naturalmente aceptado que no deja de ser sorprendente, y muy preocupante, escuchar todavía hoy posicionamientos tan anticonstitucionales que llevan a dirigentes del PP a decir cosas como que “España no da para 17 instituciones”. En un claro intento de confundir la situación de crisis y la necesaria austeridad en la gestión con el autogobierno de las comunidades autónomas.
Esos nostálgicos del “Una, Grande” pero no libre que todavía nos inquietan y nos indignan deberían saber que la descentralización y los autogobiernos territoriales forman parte del éxito de países tan dinámicos y solventes como Estados Unidos y Alemania. Pero por encima de todo, deberían aceptar y respetar la voluntad del pueblo español recogida en su Constitución. Las autonomías forman parte del Estado. Están consagradas en la Constitución. Quien quiera volver al pasado, que se quite la máscara.
Han sido muchas las ocasiones en la que el Gobierno andaluz ha tenido que salir al frente de intentos de injerencia en nuestra autonomía. Durante los ocho años en los que el Partido Popular gobernó este país, la Junta de Andalucía tuvo que contrarrestar, por ejemplo, los intentos de injerencia en la gestión de la Alhambra, con el que llamaban consejo asesor, o en el Parque Nacional de Sierra Nevada. En ambos casos, se cuestionaba la capacidad de los andaluces para gestionar nuestros propios recursos y defender nuestros intereses.
No obstante, después de treinta y un años hemos hecho juntos un recorrido importante. Andalucía, junto con las otras 16 autonomías españolas, ha consolidado la democracia y ha marcado un rumbo difícil de torcer. Ahora tenemos nuevos retos por delante.
El año pasado, Andalucía marcó un antes y un después en el nuevo modelo de administración local y se convirtió en la primera Comunidad autónoma en legislar sobre esta materia, abriendo así la puerta al municipalismo del siglo XXI.
En 2010 se aprobaron en el Parlamento andaluz dos leyes sin precedentes: la Ley de Autonomía Local de Andalucía y de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma. Dos leyes pioneras en España que suponen más autonomía y más financiación para unos ayuntamientos más responsables, transparentes y autónomos.
La nueva legislación supone el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Andalucía y da respuesta a las demandas históricas de los ayuntamientos. Éstos van a conseguir aquello que siempre han demandado, que es más autonomía local, menos tutela de las administraciones, más financiación incondicionada, más capacidad de organización y más corresponsabilidad.
Son avances que abren nuevas puertas, avances en las que el Gobierno andaluz vuelve a demostrar que no tiene miedo a la descentralización, a que los ayuntamientos tengan la posibilidad de ejercer el papel que les corresponde por derecho propio como administración más cercana a la ciudadanía.
Cumplimos treinta y un años de autonomía en un contexto internacional muy difícil, con una crisis económica que está golpeando duro a familias, empresas y gobiernos y en un año, 2011, que será crucial para salir de la crisis y que también estará marcado por la convocatoria de elecciones municipales.
Por tanto, la Junta de Andalucía se ha marcado un objetivo estratégico: no perder un solo instante en polémicas ni confrontaciones artificiales y cumplir los compromisos que tenemos con la ciudadanía gestionando lo público desde la transparencia y la vocación de servicio.
Me gusta decir que los presupuestos son la mejor forma de hablar que tiene un gobierno, y las cuentas de la Junta de Andalucía para 2011 dejan muy claro cuáles son las prioridades en estos momentos difíciles que estamos atravesando: combatir el desempleo, mantener las políticas sociales, introducir cambios en el modelo productivo para reforzar las bases del crecimiento y continuar con el apoyo financiero a los ayuntamientos.
Y aunque los ayuntamientos son, como es lógico, las administraciones más cercanas a la ciudadanía; los granadinos deben saber que la Junta de Andalucía está detrás, y delante, de los principales proyectos y de todos los servicios públicos fundamentales.
Por todo ello, el equipo de delegadas y delegados seguiremos trabajando para impulsar las infraestructuras y los proyectos que están en marcha y que están transformado esta provincia; porque confiamos en las fortalezas de Granada: la agricultura, el turismo, la I+D+i, tan magníficamente representado en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud; la cultura, Sierra Nevada, el Milenio y, en definitiva, en todas las posibilidades que tiene esta provincia. Porque el crecimiento y el desarrollo de Granada es consustancial al de Andalucía y la Comunidad autónoma andaluza avanza con Granada.
María José Sánchez Rubio
Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada
