LA EDUCACIÓN NOS HACE IGUALES

En estos meses de Gobierno del Partido Popular, día si y día no es tema de conversación los ajustes presupuestarios. En particular lo que llamo "los viernes negros” en los que el Consejo de Ministros nos depara acuerdos dirigidos al recorte en los servicios públicos. De todos los tijeretazos e involución en derechos, la educación junto con la sanidad y los servicios sociales son los que considero más graves. Esta marcha atrás me traslada a mi infancia. Finales de los sesenta y setenta, en un pequeño pueblo andaluz, de la Sierra de las Nieves. Una escuela pública unitaria, un Instituto de bachillerato único en cada provincia (siempre en la capital), uno masculino y otro femenino, y si no tenías medios económicos no había posibilidad de estudiar, a no ser que la familia a fuerza de sacrificios pudiera costearlo, o trabajabas y estudiabas, o las dos cosas. Y si eso era así para los hijos de las familias trabajadoras, mucho más difícil era para las hijas, que en la mayoría de los casos no podían seguir sus estudios. A partir de la restauración democrática y del reconocimiento de la educación como un derecho en nuestra Constitución, el esfuerzo que se ha venido realizando siempre ha ido en la línea de consolidación y ampliación de ese derecho. La Ley Orgánica del derecho a la Educación de 1.985 (LODE), la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), de 1.990, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), de 2.002 que no llegó a aplicarse al sustituirse por la Ley Orgánica de Educación (LOE), de 2006, que está en vigor.  Pero para garantizar este derecho es necesario poner  los recursos necesarios. Al estar las competencias en esta materia transferidas a las comunidades autónomas, a estas les resultará absolutamente imposible prestar este servicio público si, de un lado se les impone un objetivo de déficit prácticamente inalcanzable, y de otro se suprimen o recortan las transferencias de los créditos necesarios para poder garantizar el ejercicio de un derecho tan básico como es la Educación. Los recortes en programas como el Educa3 impedirá que pueda atenderse el primer ciclo de la educación infantil, el incremento de la rátio profesor/alumno, que supondrá, además del despido de profesores, la perdida de calidad educativa. El incremento de nota para acceder a las becas, el incremento de tasas universitarias, así como otra serie de medidas adoptadas por el Gobierno del PP van en detrimento de la educación pública y de los alumnos y alumnas cuyos padres no puedan financiar la educación de sus hij@s. Esto ha supuesto una importante movilización en todo nuestro país que se mantendrán como medida de presión en contra de los recortes. Ante esta situación comunidades autónomas como Andalucía y el País Vasco se están cuestionando recurrir ante el constitucional estos recortes, que entienden invaden competencias de las CCAA. Todas estas decisiones del gobierno del PP van a suponer un cambio del modelo de educación pública que es garantía de igualdad de oportunidades. Van en la línea de un modelo neoliberal en el que la educación publica juega un papel secundario y se  refuerza la educación privada. La educación nos iguala, recibir una educación universal, gratuita y de calidad es la única garantía que nuestros niños y niñas, al margen de las circunstancias económicas de sus familias puedan aspirar a todo aquello que sus capacidades le permitan, a un futuro mejor. Por eso tenemos que aunar todos nuestros esfuerzos para que en Educación NO demos ni un solo paso atrás.                                                                                                              

ES DESMANTELAMIENTO DEL ESTADO DE BIENESTAR

Yo soy de las que creo que el gobierno del PP en nuestro País no está improvisando, no está recortando de aquí y de allí sin  ton ni son. Estamos asistiendo a un plan perfectamente premeditado para desmantelar los pilares básicos del Estado de Bienestar. Sencillamente la derecha española  no ha creido nunca en unos servicios públicos universales y gratuitos. Así lo ha puesto de manifiesto una y otra vez allí donde gobiernan, Comunidades Autónomas, y Cororaciones Locales. Y lo que es peor tal como dice Joaquin Estefanía en un reciente artículo "Creadores de escasez":"Los intensos ataques a la universalidad del Estado de bienestar se producen sin apenas debate público" (pinchar aquí para leerlo completo). Desde el primer consejo de ministros hemos visto como, revestido de exigencias del plan de estabilidad, se han introducido reformas de calado que van a condicionar a las comunidades autónomas en materia de sanidad, educación y servicios sociales. Temas todos ellos que no son competencias de la administración central sino de las CCAA.

En Andalucía lo hemos podido comprobar en temas como la propuesta de copago en materia farmaceutica por parte del gobierno de Rajoy. La Junta de Andalucía planteo una formula que permite un ahorro considerable en farmacia, la subasta de medicamentos, que evitaría tener que implantar el copago. A pesar de ello el gobierno del PP ha impuesto el copago y ha boicoteado  la subasta de medicamentos en Andalucía (para más información pinchar aquí).  Otro ejemplo en Educación, el gobierno de Rajoy ha llevado al constitucional las oposiciones para profesores en Andalucía, primero cambió el temario y finalmente las recurrió, impidiendo así que se pueda mantener una educación pública de calidad (pinchar). Para ello modificará la ley permitiendo incrementar el número de alumnos por aula y reducir el profesorado (pinchar). En materia de servicios sociales el recorte presupuestario y la paralización del desarrollo de la Ley de Dependencia suponen un parón y marcha atrás de un sistema que aún no había alcanzado su madurez.  

Podría seguir así con otros muchos ejemplos que ponen de manifiesto que el gobierno de la derecha no solo busca reducir el gasto, ni el déficit. De ser así dejaría a las CCAA competentes que establecieran su prioridad. El gobierno de Rajoy está invadiendo competencias y desmantelando los servicios públicos y lo reviste de austeridad y buen gobierno, a la vez que culpa a la "herencia recibida" del gobierno socialista. Por no hablar de la reforma laboral que está suponiendo el más grave retroceso en derechos laborales de esta etápa democrática y que nos está acercando a los seis millones de parados y a la precarización del empleo.  Estamos por tanto asistiendo en tiempo récord a un desmantelamiento del Estado de Bienestar que responde a una clara orientación ideológica de la derecha más reacionaria que es la que está gobernando nuestro País.  

Hoy más que nunca,  1 de MAYO debemos dejar claro que no vamos a permitir dar ni un solo paso atrás en los derechos conquistados.