CELEBREMOS LA CONSTITUCIÓN SIN MIEDO Y SIN DAR PASOS ATRAS

La Carta Magna y el Estatuto de Autonomía nos proporcionan una gran fuerza jurídica, política y moral para defender el Estado del Bienestar

Que este país es hoy muy diferente a la España del año 1978 cuando se aprobó la Constitución Española es una realidad, como lo es que hemos llegado hasta aquí gracias a una Carta Magna que nos ha proporcionado la etapa de mayor prosperidad y cohesión social de nuestra historia y que ha cumplido con éxito la función de cancelar una situación política caduca y cimentar la nueva democracia.

En estos tiempos tan difíciles y convulsos, es necesario poner freno a todo lo que ponga en peligro lo que hemos conseguido en Andalucía, como pueblo y como ciudadanía. El regreso al centralismo o la reducción del estado autonómico y su transformación en un modelo asimétrico solo conseguiría romper lo que ha venido siendo uno de los principales artífices del progreso de la España constitucional: la igualdad.

El inmovilismo siempre ha sido reaccionario y conservador. El debate sobre el Estado de las Autonomías está abierto y no hay que tener miedo a los cambios y los avances, hemos de estar abiertos a planteamientos enriquecedores, a todo lo que pueda ser bueno y útil para la ciudadanía y suponga avances para la convivencia.

Los extremismos han sido siempre un mal punto de partida. Tanto los que defienden el regreso al centralismo y a la práctica derogación del Titulo VIII de la Constitución, como los que creen que el Estado autonómico ha de servir para eliminar las transferencias interterritoriales y crear marcos fiscales propios e insolidarios, están desandando el camino y poniendo a este país en una situación abismal.

Huyamos de polémicas estériles, de ideas preconcebidas sobre la sostenibilidad o no del modelo y recordemos lo que la Constitución y el Estatuto de Autonomía han significado en nuestra historia más reciente. Tanto nuestra Carta Magna, como posteriormente el Estatuto andaluz, surgen de un gran pacto político, de una alianza sin precedentes entre las fuerzas políticas y la ciudadanía. Han sido un logro político y social.

Ese espíritu de cooperación debe ser el eje transversal de la nueva etapa que estamos viviendo y garantizar los servicios públicos debe seguir siendo un propósito firme y un eje fundamental del consenso político. Es incuestionable que las Comunidades autónomas han impulsado una mejora constante de la calidad y el alcance de los servicios públicos, del avance en los derechos de la ciudadanía. Por eso, las críticas al estado de las autonomías no sólo cuestiona el consenso constitucional que alcanzamos, sino que perjudican y ponen en peligro las prestaciones básicas del Estado del Bienestar.

La crisis o la necesidades de consolidación fiscal no pueden ser un pretexto para desmontar los servicios públicos. No podemos consentirlo, ni como responsables políticos, ni como ciudadanos.

Hay que seguir avanzando hacia un pacto que nos permita un modelo de convivencia actualizado, acorde con la nueva realidad española, pero que debe seguir partiendo de la Constitución. Busquemos un modelo donde todos nos podamos sentir cómodos, donde tengan cabida las diferencias pero que preserve la igualdad. Como decía recientemente el Presidente Griñán, “solo teniendo como base la igualdad se podrá garantizar la identidad política de Andalucía en el seno del proyecto común que debe ser España”.

Este 6 de diciembre de 2012 conmemoramos la Constitución en un momento crucial para afrontar reformas institucionales sin romper ese consenso constitucional y con el desafío de hacer frente a las consecuencias de la crisis sobre las familias, las empresas y las administraciones.

Precisamente ahora, ante la situación económica tan difícil que atravesamos, la Constitución nos proporciona una gran fuerza jurídica, política y moral a la hora de defender el Estado del Bienestar.

Antes de la Constitución, la protección social tenía consideración de beneficencia. La supresión de este concepto del texto constitucional supuso eliminar situaciones discriminatorias, ya que esta institucionalizaba dos categorías de ciudadanos, los de derechos sociales y los de beneficencia pública, siendo ésto un atentado contra la igualdad.

La Constitución de 1978 nació con la aspiración de crear un marco abierto al progreso y al desarrollo social, declarando el “Estado Social y Democrático de Derecho”. Se destierra por tanto la beneficencia pública que se caracterizaba por la graciabilidad y la voluntariedad del que la otorgaba, no teniendo ningún derecho reconocido a la misma quien la percibe.

La Carta Magna fija garantías de equidad a todos los ciudadanos y abre una etapa en la que se han ido desarrollando leyes, normativas y demás mecanismos institucionales para la nueva política que la Democracia requiere.

Conmemoremos el 6 de diciembre con el propósito de no dar ni un sólo paso atrás en los derechos conquistados y con una reflexión sobre las palabras de Gandhi: “La verdadera fuente de los derechos es el deber. Si todos cumpliésemos nuestros deberes, no habría que buscar lejos nuestros derechos. Si descuidando nuestros deberes, corremos tras nuestros derechos, estos se nos escaparán como un fuego fatuo: cuanto más los persigamos, más se alejarán de nosotros”.

MARIA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO
(Publicado en el Diario IDEAL de Granada el 6/XII/2.012)