Hace unos días se cumplieron cien días del nuevo
Gobierno Andaluz presidido por Susana Díaz. En la gestión de estos días, solo
en materia de derechos sociales, ha quedado claro que hay formas diferentes de
hacer política. La política neoliberal del Gobierno de Rajoy, que con la excusa
de la austeridad está recortando derechos básicos de ciudadanía y la del
gobierno andaluz que está esforzándose por mantener los servicios públicos
básicos, la sanidad, la educación, los servicios sociales y la atención a la dependencia.
Todo ello luchando contra una política "austericida" del PP que está
dejando a la comunidad autónoma prácticamente en solitario en la financiación
de dichos servicios. 1.220 millones de euros menos en los presupuestos
generales del estado para Andalucía que han dificultado de manera importante
los presupuestos andaluces y que han puesto en evidencia como nuestra
prioridad es la creación de empleo y el mantenimiento de los derechos
sociales.
Estas prioridades y diferencias en la forma de gobernar puede apreciarse en todas las áreas de gobierno. Solo en Políticas Sociales podemos apreciarlo en
decisiones como las adoptadas el pasado 27 de Diciembre, en el último Consejo
de Gobierno del año 2013, en el que se acordó el complemento de las Pensiones
más bajas del sistema, las No Contributivas y Asistenciales para el 2014
beneficiando a 107.000 pensionistas andaluces. Estas prestaciones,
que aumentan un 2% en ambos casos respecto al ejercicio anterior, supondrán un
presupuesto de 19,89 millones de euros para el 2014. Estas ayudas
extraordinarias se enmarcan en la prioridad que el Gobierno andaluz, presidido
por Susana Díaz, concede a las políticas sociales y a la protección de los
colectivos más vulnerables que están especialmente afectados en el actual
contexto de crisis y de ataques al Estado del Bienestar. Esta
medida es especialmente necesaria en 2014 por la limitación al 0,25% del
porcentaje de subida de las pensiones de la Seguridad Social
acordada por el gobierno del PP, así como por la congelación de las
cuantías de las prestaciones derivadas del Fondo de Asistencia Social y
Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos, que permanecen invariables desde
1991.
A esta medida se unen
las 150.000 personas atendidas gracias al Decreto de lucha contra la exclusión social que
se aprobó para crear una red para "mermar las desigualdades que todos
sabemos son fuente de exclusión social y de pobreza". Decreto que incluye
medidas como el programa de Ayuda a la Contratación que ha permitido fomentar la contratación como principal elemento de integración e
inserción social. Así, el decreto ha contemplado, dentro del Plan
Extraordinario de Acción Social, el Programa de Ayuda a la Contratación , que
incluye las ayudas a los municipios para la contratación laboral; 768 de los
771 municipios que hay en Andalucía solicitaron adherirse a las ayudas
contempladas en el programa, dotado con 40 millones de euros. En este momento,
está totalmente abonado a los ayuntamientos, que tenían como límite establecido
en el propio decreto para formalizar los contratos el 4 de noviembre pasado. La
estimación del número de contratos realizados superará los 26.000 y vendrá a
aliviar la grave situación por la que atraviesan muchas familias.
Otro
de los apoyos a la contratación es el Programa de Consolidación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, también incluido en el Plan de Acción Social y dotado con 20
millones, ha permitido, a través de ayudas a las entidades locales (82
municipios y las ocho diputaciones provinciales). Estas ayudas han permitido
mantener el empleo a unas 2.200 personas y prestar servicio a más de 13.500
usuarios.
Relevante
ha sido igualmente “El Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaría
que trata de poner al alcance de las familias en situación más difícil de los
mecanismos para poder hacer frente a la necesidad básica de alimentación”.
Dotado con 16 millones de euros, que se suman a los cuatro que ya se están
dotando en las convocatorias generales de subvenciones para hacer frente a
estas necesidades, ha funcionado a modo de red con el objetivo de aglutinar
todos los esfuerzos, tanto los que se hacen por parte de la Junta de Andalucía como de
los colectivos, organizaciones y ONG que trabajan en este ámbito y a los que se
les ha reforzado su labor. Gracias
a él se han reforzado con diferentes líneas de subvenciones a los agentes que
actualmente están trabajando en este ámbito (comedores, economatos sociales,
provisión directa de alimentos) con las que se llegan a las personas con riesgo
de exclusión social, con problemas graves y a las Zonas de Necesidad de
Transformación social. Dentro de esta población con escasos recursos “hay dos
colectivos de mayor incidencia por la sensibilidad especial que hay que tener
con ellos, dos colectivos en los que se está incrementando más la pobreza y que
tienen una mayor vulnerabilidad: los niños y niñas y las personas mayores”.
Para
los menores hay varias líneas de ayudas específicas que suman 7 millones de
euros. La primera de ellas es la ampliación de las Ayudas Económicas a las
familias, dotadas de 4 millones de euros. Estas ayudas se articulan a
través de convenios con las entidades locales, con los que se ha firmado 90
acuerdos. Estas ayudas son prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de
carácter preventivo, que se conceden a familias para la atención de las
necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos
suficientes para ello, dirigidas a la prevención, reducción o supresión de
factores que generan situaciones de dificultad social para los menores con el
fin de evitar su institucionalización y posibilitar su integración en el
entorno familiar y social. La ampliación de estas ayudas está permitiendo
atender a 22.500 familias más.
La
segunda es el reparto de tres comidas diarias en los comedores escolares, que
garantiza la ingesta calórica a los menores en situación de riesgo de exclusión
social. A día de hoy son 16.749 los menores que se benefician de estas tres
comidas en 1.003 centros escolares. Ha contado con un presupuesto de 2
millones de euros y para determinar las personas a las que se garantiza esta
prestación es necesario un informe de los servicios sociales comunitarios
correspondientes al ámbito territorial del centro escolar.
En
las Zonas con Necesidades de Transformación Social y en periodo estival
se atendieron a más de 4.000 menores en 55 escuelas de verano, gracias a
un presupuesto de 1,6 millones de euros.
Para
otro de los colectivos más dañados por la crisis, los mayores, se ha reforzado
el Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Participación
Activa donde se han ofrecido, hasta el momento, más de 119.208 comidas
bonificadas al 50%.
Además hay una línea de
catering a domicilio para las personas mayores de 65 años con bajos recursos
que no puedan acceder al servicio de comedor. Para este programa hay una
dotación presupuestaria de medio millón. Ya se han aprobado 47 proyectos a
través de los municipios andaluces que lo han solicitado a través de la orden
de subvenciones y otros 14 proyectos de entidades privadas.
El Ingreso Mínimo de
Solidaridad (conocido como salario social), era una de las prioridades
contempladas por el decreto, con una serie de medidas para dotar de mayor
agilidad administrativa al procedimiento para la concesión del Ingreso Mínimo
de Solidaridad hasta que se apruebe la normativa reguladora de la Renta Básica y que se
ha ampliado presupuestariamente. Para este programa del Ingreso Mínimo de
Solidaridad se han concedido en 2013 55.577 salarios sociales, y se han
destinado más de 99 millones de euros, 70 presupuestados en 2013 y una
ampliación de cerca de 30 millones. Durante 2012, se concedieron más de 32.000 y se destinaron
68,3 millones. El salario social ha sido igualmente una prioridad de la Presidenta de la Junta , ya que en los tres
meses de su gestión se han resuelto prácticamente la mitad de los expedientes y
se ha reforzado con 30 millones de euros la partida correspondiente. Igualmente la difícil situación económica que
la ciudadanía continúa padeciendo en 2014 hace necesario que el Gobierno
andaluz prorrogue las medidas recogidas en el Decreto con el objetivo de
atender las necesidades de la población más vulnerable y continuar luchando
contra el riesgo de exclusión social.
En materia de Servicios Sociales mantenemos nuestros convenios con ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones para el mantenimiento de los servicios sociales comunitarios y los principales programas en materia de Zonas de Transformación Social, drogas, discapacidad, mayores y otros colectivos vulnerables, no sin grandes dificultades debido a los recortes de presupuestos.
Un tema que precisa un análisis más detallado es la atención a las
personas en situación de dependencia, presupuestarios por parte del
gobierno de España, 314 millones de euros menos desde que gobierna el PP. Lo
que establece la Ley
de Dependencia es que la financiación debe realizarse al 50% entre las Comunidades
Autónomas y la Administración Generalla Junta de Andalucía financia
el 72% y el gobierno de España el 28%. A eso hay que unirle la paralización, por
Decreto, de la aplicación de la
Ley , aplazando al 2015 la atención a las personas con
dependencia grado 1 o moderado, o la baja en la Seguridad Socialla Junta de Andalucía hemos ido
compensando los déficit, no obstante la situación es difícil y esta exigiendo un
gran esfuerzo económico por parte de la CCAA. En
Andalucía, a 30 de noviembre de 2013 (últimos datos disponibles) existen
230.500 prestaciones concedidas y 169.048 personas beneficiarias. En el
conjunto de España hay 754.244 personas beneficiarias. En relación con el
número de personas beneficiarias, Andalucía tiene el 22% del total, siendo la
primera comunidad autónoma en desarrollo de la ley de la dependencia. En cuanto
a prestaciones, sufragamos el 24% . Andalucía sigue, por tanto, sosteniendo una
gran parte de la Ley
de Dependencia con un notable esfuerzo a finales de este año por parte de la Junta para intensificar las
valoraciones y priorizar los casos más urgentes.
Una de las prestaciones que tienen que ver con la autonomía personal es
el servicio de teleasistencia que estamos financiando en solitario desde Andalucía
y que consideramos un servicio
de proximidad que permite mantener a las personas mayores o con discapacidad en
su domicilio evitando la institucionalización, atenderemos
a 8.000 personas más en el próximo cuatrimestre, hasta alcanzar las 186.000
usuarias de esta prestación. Las nuevas personas beneficiarias, que se
incorporarán a partir de la primera semana de diciembre, a un ritmo de 2.000 al
mes, se sumarán a las 17.700 que se han dado de alta a lo largo de 2013. El
reforzamiento del SAT pone de manifiesto el compromiso de la Junta de Andalucía con la
atención a los colectivos más vulnerables y a las personas en situación de
dependencia, frente a la progresiva retirada del Gobierno central. Hay que
recordar que, como consecuencia de la política estatal de recortes en las
prestaciones sociales, a finales de 2012 no se renovó el convenio entre el
Imserso y la
Federación Española de Municipios y Provincias para la
prestación de la teleasistencia a través de los ayuntamientos. Esta decisión
dejó sin el servicio de teleasistencia a más de 28.000 andaluces.
La creación de empleo, el mantenimiento de los derechos sociales, y siempre las personas como el eje de la acción del gobierno andaluz.
