FOMENTO DEL EMPLEO Y PROTECCION DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS

El pasado jueves La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso aprobó y remitió al Senado el dictamen del proyecto de ley de fomento del empleo y protección a las personas desempleadas, en la que estoy de ponente junto a Jesús Membrado portavoz de Trabajo y Mercedes Gámez vocal de la Comisión. El texto aprobado aumenta la protección de los trabajadores impulsando el empleo, e incidiendo particularmente en colectivos como jóvenes, autónomos y personas con discapacidad.
Se han incorporado enmiendas transaccionales, impulsadas por el Grupo Socialista que han mejorado el texto inicial. Una de las medidas aprobadas mandata al Gobierno para que en el plazo de un mes informe de la evaluación del sistema de bonificaciones para impulsar, en el marco del diálogo social, la elaboración de un nuevo programa de fomento del empleo.
En materia de intermediación laboral, se aprobó, la trasposición de la directiva europea sobre las empresas de trabajo temporal, así como la regulación de las empresas que intervienen en la recolocación de trabajadores afectados por EREs. Instando al Gobierno a analizar las empresas de servicios, tomando medidas para evitar las prácticas ilegales y fraudulentas.
Sobre la situación del empleo de las personas con discapacidad, se acordaron medidas cuya finalidad es paliar los efectos de la crisis sobre los centros especiales de empleo y sobre la creación y mantenimiento del empleo de este colectivo. Las medidas beneficiarán a más de 54.000 personas de los 2000 centros especiales de empleo, reforzando el compromiso adquirido por el Gobierno en la Estrategia Global de Acción para el Empleo de las Personas con Discapacidad.
Son destacables las medidas aprobadas en relación con el fomento y protección del trabajo autónomo. Se aprobó una medida que permite que los hijos con discapacidad de los trabajadores autónomos tengan el mismo tratamiento que los hijos menores de 30 años, por lo que estarán considerados como trabajadores por cuenta ajena. Y otra para que se hagan extensibles a los trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad, las medidas de protección social.
Subrayar todo lo relacionado con el fomento del empleo de los jóvenes. Se mandata al Gobierno a presentar un estudio, en el plazo de cuatro meses, para plantear en el marco del diálogo social, la revisión del marco jurídico de la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo.
Ante la situación de crisis que afecta particularmente a la destrucción de empleo, hay que destacar que desde que entraron en vigor las medidas aprobadas en el Real Decreto que da lugar a este proyecto de ley, el 90% de los expedientes de regulación de empleo son suspensiones de contratos y no despidos, lo que ha aliviado y ayudado a paliar la destrucción de empleo y ha fortalecido su mantenimiento. Todo esto ha hecho que el Grupo Socialista haya presentado una enmienda transaccional para ampliar, durante un año más, las medidas contempladas en el proyecto de ley.

(Si queréis acceder a la información relativa a las repercusiones del PL en Granada pinchar aquí)