Es imprudente generar alarma social en un tema tan sensible para nuestro estado de bienestar como es el sistema público de pensiones, y mucho menos aún siendo conocedores que los temas relativos a pensiones saldrán ampliamente debatidos y consensuados en el Pacto de Toledo. La obligación del Gobierno, de la oposición de los interlocutores sociales y de los partidos políticos es garantizar, mejorar y reforzar el sistema público de pensiones para el futuro y eso no contempla, desde mi punto de vista, recortar derechos y garantías de nuestro sistema.
EL FUTURO DE LAS PENSIONES
"Con frecuencia se utilizan las palabras del fundador de los Jesuitas, Ignacio de Loyola: “en tiempo de tribulación no hacer mudanza”. Esta reflexión tan acertada en multitud de ocasiones, en estos momentos de grave crisis económica, no le es de aplicación a nuestro Sistema Público de Pensiones.
El Congreso de los Diputados en el año 1.995 aprobó, con el consenso de los grupos parlamentarios, lo que hoy conocemos como el Pacto de Toledo. Fueron quince recomendaciones que pretendían adaptar el sistema español de pensiones y de Seguridad Social a los problemas económicos que amenazaban la subsistencia del modelo entonces vigente. Junto a este objetivo prioritario, existía otro no menos importante, había que evitar que los temas relativos a la Seguridad Social fuesen objeto de bronca política y utilización partidista.
Nos dimos una nueva forma de trabajo parlamentario cuya base fundamental es el debate y el consenso, evitando así que uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar, las pensiones, se viese alterado en lo sustancial, cada vez que se produjera un cambio de signo político en las mayorías parlamentarias.
Se constituyó en el Congreso la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. En septiembre de 2003, tras tres años de trabajo, se aprobó un informe en el que se analizaba el desarrollo de las recomendaciones del Pacto de Toledo y la actualización de las mismas, incorporando nuevas propuestas para afrontar los cambios habidos desde 1.995 en la realidad social e institucional de España.
Este sistema de trabajo ha permitido introducir reformas como: el avance en la separación de fuentes de financiación; incidir en la estabilidad y crecimiento del sistema; crear el fondo de reserva; reforzar la contributividad; avanzar en la simplificación e integración de los distintos regímenes de la seguridad social; reformar parcialmente la viudedad y la orfandad; acercar la edad media de jubilación a los 65 años; introducir medidas de protección social para las mujeres y medidas de conciliación de la vida personal y laboral; regular y proteger las situaciones de dependencia, entre otras reformas. Las de mayor relevancia son las contempladas en la Ley 40/2007 de medidas en materia de Seguridad Social, en la Ley 3/2007 de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía y atención a las personas en situación de Dependencia. Reformas, que nos han permitido una mejor adaptación a los cambios demográficos, sociales y económicos producidos en nuestro país.
Por este esfuerzo, a pesar de la situación de crisis por la que estamos atravesando, las cuentas de la Seguridad Social están perfectamente saneadas en estos momentos. Los últimos datos relativos al mes de julio ponen de manifiesto que los ingresos han crecido y los gastos están moderando su crecimiento. A pesar del importante incremento de las prestaciones contempladas en la Ley de la Dependencia y del abono de la paga extraordinaria de los pensionistas, la Seguridad Social mantiene un superávit de casi 9.000 millones de euros hasta julio de 2009, y tiene un fondo de reserva de casi 58.000 millones de euros, situación que garantiza las pensiones y las prestaciones económicas.
En estos momentos, toca evaluar los acuerdos adoptados en su día y realizar propuestas a medio y largo plazo que den garantía de sostenibilidad a nuestro Sistema de Pensiones. Lo estamos haciendo desde hace meses en la Comisión parlamentaria, en la que han comparecido los interlocutores sociales, personas expertas, colectivos sociales, etc.
Alguna de estas comparecencias ha generado desconfianza e incertidumbre entre nuestros pensionistas presentes y futuros. Estas posturas alarmistas, que de otra parte se producen cíclicamente coincidiendo con situaciones de crisis, no responden a la realidad de la situación financiera de las cuentas de la seguridad social.
Son actitudes preocupantes, como las mantenidas por la CEOE y que han dado lugar a la ruptura del diálogo social. La reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, exigida por los empresarios, supondría un recorte de ingresos de 18.000 millones de euros para la seguridad social, lo que pondría en riesgo la viabilidad de nuestro sistema de pensiones. Resulta contradictorio que manifieste que la subida de las pensiones mínimas situaría al borde de la quiebra el sistema de pensiones y, sin embargo, exija una bajada de un 5% en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
Los datos evidencian que nuestro sistema de Seguridad Social es “sólido, equilibrado y viable más allá de los efectos coyunturales de la crisis económica”, tal como manifestaba el Ministro de trabajo e Inmigración en su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo.
Para que esta situación se mantenga a la vez que se mejoran la protección social y la cuantía de las pensiones, es necesario introducir las reformas necesarias para asegurar a largo plazo la sostenibilidad del sistema. Reformas que deben plantearse en el marco del Pacto de Toledo, con el acuerdo de los interlocutores sociales.
Es por tanto fundamental sacar este debate de la confrontación política, buscar el máximo consenso y transmitírselo así a la sociedad. Estamos hablando de uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar, las pensiones. Nuestros pensionistas del presente y del futuro no entenderían que lo hiciéramos de otra forma".
María José Sánchez Rubio
Diputada por Granada en el Congreso de los Diputados.
Publicado en el Diario Ideal de Granada el 12/09/09
La coordinación sociosanitaria es uno de los compromisos adquiridos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Buscar espacios de encuentro entre el Sistema Sanitario y el Sistema de apoyo social se hace cada vez más necesario para dar respuesta al envejecimiento de la población. Un porcentaje elevado de las personas hospitalizadas actualmente son personas mayores, muchas de las cuales pueden precisar atención en dispositivos sanitarios, pero en muchas de las ocasiones podrían tener estancias más cortas si la atención se complementara desde un espacio sociosanitario. Podrían, por ejemplo, ser atendidos en su domicilio con servicios de hospital a domicilio o enfermeras a domicilio de atención primaria, complementado con el servicio de ayuda a domicilio. Así podríamos enumerar múltiples posibilidades en las que la coordinación de ambos sistemas haría más eficaz y más eficiente la atención a la ciudadanía. Igual ocurre con las personas con discapacidad.
