La situación de crisis está afectando particularmente a personas y colectivos especialmente vulnerables. Desde el Ministerio de Sanidad y política social se ha presentado un Plan Extraordinario de Fomento de la Inclusión social y la Lucha contra la Pobreza 2010, que se ha aprobado en el pasado Consejo de Ministros.
Este plan pretende incidir en aquellas personas que están en riesgo de exclusión social y que precisan del esfuerzo de las administraciones públicas y de la solidaridad social para superar la difícil situación por la que están pasando. Las medidas extraordinarias que contempla el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (podéis leerlas pinchando aquí), tal como informó la Ministra de Sanidad y Política Social "están encaminadas a reforzar la atención directa a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social a través de los Ayuntamientos y de las ONGs". En concreto se destinarán a los Consistorios más de 700 millones de euros, procedentes del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, de los cuales 300 millones irán dirigidos al desarrollo de 2.150 programas que podrían dar cobertura a más de un millón de personas. Se incrementarán las ayudas a las ONGs gracias a la creación de un fondo extraordinario de 30 millones de euros para el desarrollo de programas de inclusión activa que combinarán la activación para el empleo con una adecuada cobertura de renta y acceso a servicios de calidad."
A estas medidas hay que unir que este año 2010 se destinará el fondo más elevado de la historia destinado a la financiación de las ONGs. 205 millones de euros con cargo al 0,7% del IRPF para programas que favorezcan la inclusión social.
Se reconoce igualmente el importante papel que desempeñan las empresas de economía social para la generación de empleo dirigido a personas con dificultades para integrarse social y laboralmente. Integra a entidades empresariales y asociativa, como centros especiales de empleo, empresas de inserción, cooperativas y fundaciones. El Presidente del Gobierno anunció recientemente el Anteproyecto de Ley de Economía Social, que incidirá directamente en estas empresas (para leer más).
El colectivo de personas con discapacidad esta sufriendo particularmente la crisis en lo que a empleo se refiere, por ello es muy importante el compromiso que ha adquirido el Gobierno para introducir criterios sociales en al contratación pública, dando preferencia a las empresas que tengan en su plantilla más del 2% de trabajadores y trabajadoras con discapacidad.
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