CONVENCIÓN DE LA ONU DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Gobierno, en el consejo de Ministros de 30 de marzo, ha aprobado el informe para adaptar la legislación a la Convención de la ONU sobre derechos de personas con discapacidad. España fue uno de los primeros países del mundo en ratificar la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, el 30 de marzo de 2007, y entró en vigor el 3 de mayo de 2008. Desde entonces forma parte del ordenamiento jurídico español. (Pinchando aquí accederéis al texto íntegro de la Convención)

El Informe presentado es un avance más en la línea de adaptar nuestras normas a la Convención de la ONU. La legislación española es una de las más avanzadas del mundo en reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad, no obstante es necesario elaborar ajustes normativos en diversos campos –sanitario, de legislación civil, mercantil y penal o de integración laboral, entre otros- para adaptar nuestra legislación a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, tal como se refleja en la reseña del Consejo de Ministros al que podéis acceder pinchando aquí.
El informe ha sido elaborado por el grupo de trabajo interministerial creado por el Consejo de Ministros el 10 de julio de 2009. Este grupo, presidido por el Ministerio de Sanidad y Política Social y con participación representantes de todos los ministerios, ha realizado un estudio de la normativa española que debe adaptarse a la Convención de la ONU.

Desde el inicio de la legislatura en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad han comparecido expertos/as, movimiento asociativo representante del sector de la discapacidad, Gobierno, etc., para manifestar su opinión al respecto de las adaptaciones normativas necesarias para adecuar nuestra legislación a las exigencias de la Convención de la ONU. El informe aprobado por el Consejo de Ministros es un importante paso adelante en la línea de alcanzar el objetivo propuesto: la protección, garantía y el disfrute de los derechos, así como la igualdad plena con el resto de las personas, especialmente en áreas como la participación en la vida pública y en el bienestar social. Además, supone un cambio en el concepto de discapacidad, que pasa de ser considerada como una preocupación en materia de bienestar social a ser concebida como una cuestión de derechos humanos. Esto ha contribuido a dar mayor visibilidad a este colectivo dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, ya que cuentan con una herramienta jurídica vinculante.

La Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, es un paso de gran importancia, un nuevo camino que iniciamos en compañía de 650 millones de personas con discapacidad de todo el mundo algunas de ellas sometidas a torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que habrá que proteger contra la explotación, la violencia y el abuso y a las que se tendrá que garantizar su integridad personal.
Tal como se recoge en el texto una Convención internacional integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad que contribuirá significativamente a paliar la profunda desventaja social de las personas con discapacidad y promoverá su participación, con igualdad de oportunidades, en el ámbito civil, político, económico, social y cultural, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados.