LA DISCAPACIDAD EN LA AGENDA EUROPEA. ENTREVISTA

Entrevista a Mª José Sánchez Rubio,
portavoz de Discapacidad del PSOE
en el Congreso
“El objetivo del Gobierno
es que la discapacidad
se incluya en el diseño
del nuevo ciclo político
europeo”

La Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia ha cumplido tres años. ¿Está garantizada su aplicación de forma homogénea en toda España?
La Ley se inspira en los principios de universalidad, equidad, y accesibilidad, por lo tanto, ese carácter universal y público de las prestaciones y el acceso en condiciones de igualdad debe estar garantizado. Bien es cierto que, en la fase inicial de implantación, la Ley se ha desarrollado de
manera desigual en las distintas comunidades autónomas. Es muy significativo el esfuerzo realizado por algunas de ellas, como la Comunidad Autónoma Andaluza. Para garantizar la homogeneidad en su desarrollo, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha trabajado en estos 3 años para lograr los acuerdos que facilitan la igualdad en el ejercicio del derecho. Quiero decir que la voluntad del Gobierno, tal como manifestó la ministra de Sanidad y Política Social en su comparecencia en el Congreso, es “seguir reforzando la cooperación interadministrativa para mejorar el desarrollo del Sistema de Dependencia, que exige la colaboración leal del Estado, las comunidades autónomas y los entes locales con la voluntad de actuar conjuntamente”.
Gobierno y comunidades han acordado un plazo máximo de seis meses para atender las solicitudes que dan derecho a las prestaciones y servicios recogidos en la Ley. ¿Considera que este plazo podrácumplirse?
El plazo máximo de seismeses para el reconocimiento del derecho puede y debe ser cumplido. En la Comunidad Autónoma Andaluza, en la que el número de solicitudes es el más elevado de nuestro país, este plazo se ha cumplido desde el principio regulándose la obligatoriedad mediante
decreto de la comunidad autónoma. Para conseguir este objetivo será muy importante, junto a la voluntad política de las diferentes Administraciones implicadas en el desarrollo de la Ley, agilizar y simplificar los procedimientos administrativos para reducir los tiempos de gestión de los expedientes, compromiso adquirido por el Gobierno.
El sector de la discapacidad teme que las comunidades autónomas descuiden las políticas de discapacidad y dediquen sus recursos de forma prioritaria a la dependencia. ¿Comparte ese temor?
En estos momentos de crisis económica las distintas Administraciones están haciendo un ejercicio de austeridad en las cuentas públicas, a pesar de ello el Gobierno ha manifestado reiteradamente que la crisis no va a afectar a la protección social y a las políticas sociales. Esperamos que las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, mantengan criterios similares, y que no se vea afectado el desarrollo de la ley ni el resto de políticas destinadas a las personas con discapacidad.
La crisis económica golpea fuerte a los sectores más vulnerables, entre ellos a las personas con discapacidad. ¿Qué acciones promueve el PSOE para fomentar la creación de empleo entre las personas con discapacidad?
Como ya conocen, desde el Gobierno y desde el Grupo Socialista se ha venido trabajando
en reforzar las políticas de apoyo al empleo de las personas con discapacidad. Con ese objetivo se aprobó la Estrategia Global de Acción para el Empleo de las personas con Discapacidad, y el
Plan de Acción que la desarrolla; con un presupuesto de 3.700 millones de euros. En relación a las acciones realizadas para proteger al sector en esta situación de crisis económica, la Ley 27/2009 de Medidas Urgentes para el Mantenimiento y el Fomento del Empleo y la Protección
de las Personas Desempleadas dedica el capítulo 4º al desarrollo de un Plan Extraordinario de Mantenimiento y Fomento del Empleo de Trabajadores y Trabajadoras con Discapacidad. Esta Ley, entre otras medidas, mejora el sistema de bonificaciones para el acceso al empleo de las personas con discapacidad; amplía las subvenciones para el mantenimiento del empleo en los Centros Especiales de Empleo, comprometiéndose igualmente a realizar un informe que remitirá anualmente al Congreso de los Diputados sobre el grado de cumplimiento en la cuota de reserva
de puestos de trabajo, así como las medidas alternativas previstas.
¿La reforma del mercado laboral incluirá medidas de estímulo para la creación de empleo entre las personas con discapacidad?
En la disposición tercera de la mencionada Ley para el Mantenimiento y el Fomento del Empleo se establece que el Gobierno impulsará, en el marco del diálogo social, la elaboración de un nuevo
Programa de Fomento del Empleo que sea de aplicación en el año 2010. Entre los principios que se plantean para orientar la elaboración de este nuevo programa se establece que las personas con discapacidad deberán estar entre los sectores cuya contratación deba favorecerse, por estar particularmente afectados por el desempleo y presentar mayores problemas de empleabilidad.
La discapacidad está marcada en la agenda política de la presidencia española de la Unión Europea. ¿Qué prioridades se ha fijado el Gobierno español?
Tal como manifestó la ministra de Sanidad y Política Social en la Comisión Mixta de la Unión Europea,uno de los ejes de trabajo de la Presidencia Española de la UE es el referido a la discapacidad. El Gobierno se plantea como objetivo que la discapacidad se incluya en el diseño del nuevo ciclo político europeo,de forma que sea tenido en cuenta en la elaboración de las políticas que tienen impacto en la vida diaria de las personas con discapacidad y sus familias; entendiendo que para ello es fundamental la colaboración activa con las organizaciones de personas con discapacidad.
El debate de las pensiones está en la calle. El CERMI ha propuesto que se incorpore al nuevo Pacto de Toledo un apartado específico dedicado a las personas con discapacidad. ¿Respalda el
PSOE las demandas del CERMI?
El Grupo Socialista entiende que los temas relativos a Seguridad Social que inciden particularmente en las personas con discapacidad como son: la edad de jubilación, la protección familiar por hijo a cargo, la orfandad, así como las pensiones no contributivas, deben recogerse de forma transversal en el marco del Pacto de Toledo.

Juan Antonio Ledesma

Publicado en el
cermi.es El periódico de la discapacidad MARZO 2010