El acceso al empleo de las personas con discapacidad es una de los problemas que más dificultan la integración de este colectivo. Así ha sido en momentos de bonanza económica y crecimiento en el empleo y lo es especialmente ahora en los que la destrucción de empleo es una de las peores consecuencias de la crisis.
Hablamos de más de tres millones ochocientas mil personas con discapacidad, de las que más de dos millones trescientas mil están en edad laboral, según la última Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Dependencia (EDAD), de 2008
Datos como la tasa de empleo y la de actividad ponen en evidencia las dificultades laborales de este sector.
Ante esa realidad nuestro objetivo es adoptar medidas, tanto en el empleo ordinario como en el empleo protegido. En el Pleno del Congreso de los Diputados de ayer defendí una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista (pinchar acceso al vídeo), para incrementar la subvención de los Centros Especiales de Empleo, con el objetivo de garantizar la estabilidad en los puestos de trabajo de estas empresas que facilitan la integración laboral de las personas con discapacidad.
La iniciativa fue acordada con los grupos parlamentarios y respaldada por unanimidad y propone “impulsar la revisión de la cuantía del coste salarial subvencionado para los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en Centros Espaciales de Empleo, en el marco de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas”, así como “impulsar también aquellas otras medidas necesarias para garantizar la viabilidad y el desarrollo del empleo protegido”, y “otorgar, en el diseño de estas actuaciones, una consideración especial a las personas con discapacidad severa”. (acceso al debate en el diario de sesiones del Congreso)
Asimismo, preve “facilitar que los Centros Especiales de Empleo puedan acceder a las líneas de financiación del ICO”.
Finalmente, contempla “impulsar que, a la mayor brevedad posible, en el marco de las orientaciones de la Ley General de la Seguridad Social, se estudien las medidas necesarias para facilita el acceso de las personas con discapacidad a las prestaciones por incapacidad permanente cuando les sobrevenga esta contingencia con posterioridad a su contratación por un Centro Especial de Empleo” y que “se desarrolle reglamentariamente el acceso a la jubilación anticipada de trabajadores con discapacidad, en el marco de las previsiones recogidas en la Ley 40/2007 de medidas en materia de Seguridad Social”.
Es necesario intensificar el apoyo al empleo de las personas con discapacidad, en este caso el que se les da a los Centros Especiales de Empleo, para fomentar que sigan desempeñando su labor social de integración de las personas con discapacidad y evitar la destrucción de empleo protegido. Son empresas que no escapan a la crisis y que estamos dispuestos a apoyar para evitar la pérdida de empleo de personas especialmente vulnerables por su discapacidad.
Los Centros Especiales de Empleo son empresas cuyo objetivo principal es proporcionar a los trabajadores con discapacidad un empleo productivo y remunerado,(pinchar para más información), adecuado a sus características personales y que facilite su integración laboral en el mercado ordinario de trabajo. En la actualidad, existen 1.775 Centros Especiales de Empleo que proporcionan trabajo a 52.631 personas. La plantilla de estos centros ha crecido de manera continuada y se ha duplicado desde 1.999.
El compromiso y el impulso dado por el Gobierno se ha materializado en la aprobación de importantes medidas como la Estrategia global de acción para el empleo de las personas con discapacidad 2008/2012 -aprobada en septiembre de 2008, con un presupuesto de 3.700 millones de euros-, el III Plan de Acción para las personas con discapacidad –dotado con 2.500 millones para el año 2009-, así como la distribución territorial de 40.588.790 euros para la inserción laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, y 4.411.210 euros para la promoción de la actividad de cooperativas y sociedades laborales gestionadas por las Comunidades Autónomas.
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