Hace un año y cuatro meses que entró en vigor la conocida como Ley de Dependencia, Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, que configura como un derecho la autonomía personal y la atención a las personas, mayores o con discapacidad, que no puedan valerse por ellas mismas. La Ley creó el SAAD, Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas, Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
Las prestaciones de atención a la dependencia pueden ser en forma de servicios o económicas y van destinadas, por una parte a la promoción de la autonomía personal y, por otra, a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria. Desde que la Ley entró en vigor, según los datos de gestión a 1 de abril de 2009, se han presentado 893.712 solicitudes, de las que se han valorado el 87,77%, 784.369 solicitudes. Casi un millón de personas que están ejerciendo su derecho a recibir las prestaciones reconocidas por la Ley. También las familias están recibiendo un importante apoyo con el desarrollo de la Ley, sobre todo las mujeres, que son en gran medida las que ejercen las tareas de cuidado.
En la remodelación del Gobierno las competencias en materia de políticas sociales han pasado a depender del nuevo Ministerio de Sanidad y Política Social, en su toma de posesión la Ministra de Sanidad y Política Social Trinidad Jiménez ha "garantizado que ninguna coyuntura económica va a mermar la atención a los colectivos más desfavorecidos". Es de esperar que la atención a la dependencia sea una prioridad de su Ministerio.
Un elemento que contempla la Ley, pendiente de desarrollar, es la coordinación socio-sanitaria. La creación del nuevo ministerio puede ser un buen momento para abordar ese espacio de confluencia entre lo social y lo sanitario, tema de especial trascendencia para las personas en situación de dependencia.
3 comentarios:
Esperemos que sea verdad y definitivamente se resuelva el tema sociosanitario.
Buenos días:
Me ha sido imposible contactar con algún parlamentario canario de su grupo, por lo que acudo a usted con la espranza de que traslade mi denuncia a algun compañero de Partido en Canarias. Y sí fuera posible a la ministra, pues mi confianza en ustedes es mayor que la que debería depositar ( si fuera posible, cosa que dudo)en mi gobierno autónomo.
Escribo desde Canarias, y mi pregunta-denuncia hace referencia a la aplicación de la Ley en Canarias, y la velada extorsión que la Consejería de Asuntos Sociales hace a aquellos que han solicitado acogerse a la Ley de dependencia.
Mi abuela, que cumple 98 años el 20-04, tiene reconocida una dependencia Grado III, nivel 2. Solicitamos acogernos a las prestaciones de la Ley de dependencia, y pese a la extrema lentitud del proceso, manteníamos cierto optimismo.
Ayer nos visita la persona encargada de llevar el proceso, y nos dice que posiblemente al estar mi abuela en un Centro de día ( Lunes y miércoles, de 9-16 horas, y pagando nosotros unos 60 euros mensuales, y ella con una paga de 560 euros aprox. El centro está medio subvencionado por el Cabildo Insular de ahí su coste) el Gobierno de Canarias considera suficiente prestación económica este hecho, por lo posiblemente esta sea toda la ayuda que recibamos, ya que ha establecido una serie de clausulas de aplicación en referencia a este hecho.
Nuestra indignación es extrema, y personalmente me muevo para comprobar su veracidad. Ante mi sospresa es así, para la Consejería de Asuntos Sociales de Canarias, que mi abuela vaya dos días a un centro es suficiente ayuda.
Por tanto, nos vemos en el dilema de o bien quitar a mi abuela del centro ( y tenemos que justificar sobradamente el motivo) o renunciar a una prestación económica donde yo sería su cuidador, hecho que vengo realizando desde hace 5 años. Mi abuela vive en mi casa, yo me encargo de su cuidado, y del de mi madre que tiene 73 años, y he tenido que renunciar a mi trabajo y a mi vida para atenderlas.
Por supuesto, todo es una extorsión velada para no tener que desprenderse de las subvenciones que el ministerio da, y al mismo tiempo aumentar el número de dependientes. Todos y cada uno de los canarios que han solicitado ayuda deberán inscribirse en un Centro público, y según su razonamiento, al estar acogidos en un Centro público esa es suficiente prestación. Posiblemente pretenda sufragar "sus gastos" con las dotaciones económicas que el ministerio dará, aunque por supuesto nunca a los verdaderos beneficiarios.
Mi indignaciónes tal que salvo el derecho al pataleo poco puedo hacer. De ahí mi carta esperando que ustedes investiguen el asunto y le den publicidad. El Ministerio debería investigar estos hechos y penar a un gobierno corrupto y extorsionista como el que los canarios debemos padecer.
Atentamente:
Luisa Betancort.
P.D: Si mi denuncia fuera errónea, desearía que me lo comunicaran.Pero han dejado bien claro que mi abuela no recibirá prestación económica que era lo que solicitábamos.Debo decir que he contactado con otros afectados y aquellos que han recibido la visita de personas que llevan su caso han obtenido la misma comunicación. O están en un centro de día ( y aquello que no lo están "deben" solicitarlo) y renuncian a la prestación o renuncian a estar en un centro de día "subvencionado"y tal vez reciban ayuda económica.
Estmida Luisa le contestaré a su correo
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